SBP-Comunicadores Asociados ya es una realidad

Socios fundadores de SBP-Comunicadores Asociados tras la asamblea constituyente
Socios fundadores de SBP-Comunicadores Asociados tras la asamblea constituyente

PRIMERA NOTA DE PRENSA DE SBP-CA:

Profesionales y empresas del sector de la comunicación de Andalucía se han unido este sábado 15 de diciembre para crear Se Buscan Periodistas – Comunicadores Asociados (SBP-CA). Una entidad sin ánimo de lucro que nace con la intención de promover la empleabilidad en uno de los sectores más afectados por la actual situación económica, al tiempo que pretende ofrecer un periodismo de calidad que consiga recuperar el prestigio y la confianza de la ciudadanía.

SBP-CA, el primer fruto visible del intenso trabajo de los miembros de la iniciativa Se Buscan Periodistas, será la base desde la cual se articulará la creación y promoción de las cooperativas previstas desde su inicio. La primera de ellas dará apoyo y asesoramiento empresarial, jurídico y laboral a todos los asociados que decidan emprender nuevos proyectos en el mundo de la comunicación. Más adelante se creará otra cooperativa que aglutine a todas esas nuevas empresas, que así podrán beneficiarse de las ventajas que supone competir en el mercado como parte de un gran grupo de comunicación.

De forma paralela a la búsqueda de viabilidad económica para los nuevos proyectos, los integrantes de SBP-CA tienen en común su preocupación por garantizar el derecho de la ciudadanía a la información veraz. Preocupados por la alarmante caída de la calidad informativa y la pérdida de los valores éticos y deontológicos que afecta a los medios de comunicación, con su inherente repercusión en la sociedad, los estatutos de la nueva asociación marcan ya las directrices por las que debe regirse cualquier proyecto que nazca al amparo de esta iniciativa.

Entre los integrantes que pretende aglutinar la organización nacida este sábado en Osuna figuran todo tipo de profesionales que desempeñan su labor en el ámbito de la comunicación: redactores, productores, fotoperiodistas, cámaras, técnicos de imagen y sonido, guionistas y un largo etcétera de perfiles que intervienen en el proceso de trasladar la información desde las fuentes originales hasta la sociedad. La composición heterogénea de la masa social de SBP-CA hace que las empresas que nacerán de esta iniciativa puedan ser de muy distinta naturaleza.

SBP-CA nace con alrededor de medio centenar de socios fundadores, aunque son muchos más los profesionales que ya han manifestado su intención de unirse al proyecto. En los próximos días quedará abierta la admisión a todos aquellos profesionales y entidades que deseen adherirse al nuevo colectivo, que podrán encontrar toda la información necesaria en la web www.sebuscanperiodistas.com.

El periodista José Bejarano encabeza la Comisión Ejecutiva que dirigirá los primeros pasos de SBP-CA. Completa este equipo un grupo de profesionales de la comunicación de toda Andalucía que representan a decenas de sus compañeros que han trabajado durante los últimos ocho meses para gestar este proyecto.

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De seguir recortando, casi el 40 % de los españoles serán pobres en 2022

buen-pobreAl ritmo actual de 2,1 millones de pobres más al año, desde 2008 -año del inicio de la crisis económica y financiera-, y si se mantiene la política de recortes, los españoles por debajo del umbral de pobreza alcanzarán el 40 por ciento de la población, según se desprende el informe Crisis, desigualdad y pobreza. Aprendizajes desde el mundo en desarrollo ante los recortes sociales en España de Intermón Oxfam en el que se analizan “los efectos de las medidas de ajuste, ya aplicadas en América Latina y el Este Asiático en los años 80 y 90, y su potencial repercusión sobre los niveles de desigualdad y pobreza en España”.

“El modelo de austeridad centrado en la reducción del déficit y el saneamiento de la banca mediante la inyección de fondos públicos financiados a costa de una deuda desorbitada, no genera crecimiento  ni empleo, sino todo lo contrario”, afirma José María Vera, director general de Intermón Oxfam, basándose en la experiencia de la ONG vivida en todo el mundo.

El informe destaca que “la actual espiral de menos crecimiento, menos impuestos recaudados, elevada evasión fiscal, salida masiva de capitales, deuda cada vez más cara (que devora los presupuestos) y una reducción brutal de las políticas públicas esenciales, incrementa los niveles de pobreza y desigualdad” y asegura que “tras cuatro años de crisis, España encabeza el nivel de desigualdad en la Unión Europea“.

“Los números son demoledores. De no rectificarse el rumbo, dentro de diez años dos de cada cinco españoles serán pobres y el 20% de personas más ricas en España ingresarán 15 veces más que el 20% más pobre”, afirma Teresa Cavero, del departamento de estudios de Intermón Oxfam y autora del informe.

El estudio, que cuenta con la colaboración de especialistas y representantes de organizaciones como Médicos del MundoUNICEFCáritas o la red de organizaciones de acción social de la Compañía de Jesús, destaca que “las convulsiones generadas por la situación económica y social nos están llevando a cambios estructurales que culminarán con la redefinición de un nuevo ‘contrato social’ entre los poderes y la ciudadanía”.

Pero el informe no se limita a mostrar una posible situación dramática, sino que también ofrece alternativas como aumentar la recaudación y la justicia fiscal, “luchando contra los paraísos fiscales, estableciendo medidas fiscales progresivas, e imponiendo una tasa a las transacciones financieras que destine sus recursos a la lucha contra la pobreza doméstica e internacional”.

También apuesta por “blindar las políticas sociales y la cooperación para el desarrollo ante los constantes ajustes fiscales que se realizan”.

Y aboga por “adoptar medidas de mejora y regeneración democrática impulsando la transparencia -con una ley de transparencia homologable a las del entorno europeo- la participación de la ciudadanía en el diseño de las políticas y combatiendo males como la corrupción o la impunidad ante hechos que afecten directamente a los derechos sociales de la población española”.

 

Mis recuerdos del 4 de diciembre de 1977

154486_437335972982231_333385296_nNo quiero dejar pasar este 4 de diciembre sin homenajear a mi tierra y su pueblo. Andalucía demostró hace 35 años que era capaz de unirse para luchar por algo justo como es el autogobierno, la autonomía en pie de igualdad con las otras nacionalidades históricas.

En estas líneas quiero recordar cómo fue ese día de 1977 para mi.

Desde hacía más de dos semanas lucía en la barandilla del balcón de casa una gran bandera verde, blanca y verde, acompañando las que los vecinos de la barriada del Amparo, en la calle Fray Isidoro de Sevilla, habían colgado en sus balcones, al igual que la inmensa mayoría de los sevillanos.

Llegado el 4 de diciembre nos reunimos unos cuantos amigos y con nuestras banderas nos fuimos a participar en la manifestación que partía por la mañana, no recuerdo a qué hora, desde el Prado de San Sebastián para finalizar en la plaza Nueva, frente al Ayuntamiento.

Llegamos pronto: había muchas ganas. Nos colocamos hacia la mitad de la manifestación. Nunca en Sevilla se había unido tanta gente para una reivindicación política, ni social, ni siquiera futbolística.

En la avenida de la Constitución, entonces todavía de José Antonio, frente al Banco de España, los muchachos de Fuerza Nueva, protegidos por la Policía Armada, increpaban a los manifestantes, insultándonos y ondeando sus banderas franquistas. Muchos nos paramos  y nos enfrentamos verbalmente. La cosa se caldeó y la Policía protegió la huída de los fascistas por las calles cercanas a Harinas. Recuerdo que miré hacia una de las ventanas del Ayuntamiento y allí estaba Alfonso Guerra, serio, observando el espectáculo.

Cuando desembocamos en plaza Nueva ya habían empezado los discurso, pero aún quedaban manifestantes llenando toda la avenida e incluso en el Prado. Cuentan las crónicas que salieron a la calle más de 350.000 sevillanos.

Ya por la tarde nos enteramos del asesinato en Málaga de José Manuel García Caparrós (http://bit.ly/UDlCQK). Asamblea en el Centro Español de Nuevas Profesiones, donde ese año había empezado a estudiar Periodismo, y después en el patio de la Facultad de Derecho. Enfado, tristeza y muchas ganas de venganza.

Los universitarios salimos a la calle en busca de la Policía, y la encontramos. Gritos, enfrentamientos, carreras, coches volcados y barricadas improvisadas en la Cuesta del Rosario. Al llegar la noche, reagrupamiento en la plaza de la Encarnación y nuevos enfrentamientos con la Policía en la Ronda, a la altura de La Florida. La noche fue avanzando y todo volvió a la calma.

35 años después el recuerdo de aquel día me trae imágenes alegres y reivindicativa, pero también un regusto muy amargo por la muerte de José Manuel García Caparrós, un joven malagueño de 19 años que aún no ha recibido el reconocimiento institucional del Parlamento de Andalucía. Ya va siendo hora.

Los partidos del Parlamento de Andalucía no dan la talla

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, durante la sesión del Parlamento en la que se debatieron las conclusiones de la comisión de los ERE. Vía Europa Press.
El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, durante la sesión del Parlamento en la que se debatieron las conclusiones de la comisión de los ERE. Vía Europa Press.

Las tres formaciones políticas que integran el arco parlamentario andaluz, PSOE-A, PP-A e IU-CA, han demostrado que no están a la altura de las circunstancias al no conseguir llegar a un acuerdo de mínimos para las conclusiones de la comisión de investigación sobre irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados por la Junta de Andalucía. Diecisiete años ha tardado el Parlamento de Andalucía en volver a constituir una comisión de investigación y parece que a los partidos políticos no les ha servido de nada ese período tan largo.

Hasta el mismo presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha admitido que la comisión ha sido “un fiasco” (http://bit.ly/V9JauP). Y es que el enfrentamiento partidario en el que se encuentra sumido el mundo político andaluz y español desde hace años hace prácticamente imposible llegar a acuerdos y consensos en cuestiones de Estado, como se ha demostrado con el caso de la Ley Hipotecaria y los desahucios, y no digamos en asuntos en los que alguno de los partidos se ve directamente afectado.

Por partes, el PSOE ha mantenido una postura de perfil bajo, aunque sorpresivamente ha sido el ganador. Los socialistas mantienen que las máximas responsabilidades de la trama de los ERE irregulares corresponden al “ex director general de Trabajo de la Junta Javier Guerrero, imputado en la causa judicial. IU quería subir un peldaño más, hasta los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández (también imputado) y José Antonio Viera. Y el PP señalaba a lo más alto: a Griñán y su antecesor en el cargo, Manuel Chaves” (http://bit.ly/SstpQD).

No se entiende, si no es por la cerrazón de los partidos, que no se haya llegado a un mínimo consenso en un asunto que supone la extensión de la corrupción a las más altas instancias del poder ejecutivo autonómico y que, precisamente por ello, desprestigia profundamente a la Junta de Andalucía y a la imagen que de la institución y de los políticos tienen los andaluces.

PP, PSOE e IU han escenificado en la comisión sobre los ERE irregulares mucho más que diferencias ideológicas. Sus señorías han vuelto a demostrar que no están a la altura de las graves circunstancias por las que atraviesan los andaluces y que solo les interesa defender sus posturas como partido y no como representantes del pueblo.

Ahora solo queda confiar en que la vía judicial esclarezca lo ocurrido y aplique la Ley con toda dureza, caiga quien caiga.

El laberinto catalán o el despilfarro del sentimiento nacionalista

Artur Mas durante un pleno del Parlamento de Cataluña. Vía Europa Press.

Las últimas elecciones catalanas han evidenciado la torticera utilización del nacionalismo, un sentimiento muy arraigado entre la población catalana de nacimiento y la afincada, como se demuestra todos los años el 11 de septiembre y como quedó claro en la manifestación independentista que ha conmemorado la Diada este año.

El presidente en funciones, Artur Mas, ha intentado escudarse tras el más que respetable sentimiento nacionalista de la inmensa mayoría de los catalanes para ocultar su nefasta gestión al frente de la Genralitat de Catalunya y ha acabado dándose de bruces con el duro suelo sobre el que pisa un inteligente electorado que ha sabido distinguir entre el sentimiento y la gestión del ejecutivo de CiU.

Los resultados electorales (http://bit.ly/UM8QgN) dejan meridianamente claro que el sentimiento nacionalista catalán no ha disminuido ni un ápice, de hecho la correlación de fuerzas nacionalistas y constitucionalistas en el Parlamento ha aumentado ligeramente a favor de las primeras respecto al hemiciclo surgido tras las elecciones autonómicas de 2010 donde ya quedó clara la apuesta del electorado; lo que sí ha cambiado drásticamente es el poder de CiU, que ha bajado de 62 escaños en 2010 a los 50 obtenidos el pasado 25N, lo que hace imposible un Gobierno en solitario si antes no se llega a acuerdos con otras fuerzas políticas (http://bit.ly/UMaeA2), incluso peligra la investidura de Mas y no digamos los presupuestos.

Tras la confirmación del declive del PSC, que pasa de 28 escaños en 2010 a tan solo 20 y baja a ocupar la tercera fuerza del abanico político catalán, y si Mas sigue planteando el proceso independentista, la primera y prácticamente única opción que tiene para conseguir la amplia mayoría absoluta que buscaba con la convocatoria adelantada de las elecciones es el pacto con ERC, partido que en todo momento ha defendido de forma clara y contundente la independencia de Cataluña del Estado español.

Pero para que este pacto, natura por catalanismo y contra natura por ideología, se produzca es necesario el acercamiento de los programas de ambas formaciones sobre todo en materia económica. No hay que olvidar que CiU representa a la derecha nacionalista, defensora del neocapitalismo imperante en la UE, mientras que ERC se define como un partido de izquierdas que está totalmente en contra de los recortes presupuestarios en el ámbito social, la salud y la educación, precisamente los recortes que ha venido propiciando el Govern de Artur Mas desde que tomó posesión hace dos años. Los republicanos ya lo han dejado claro: si CiU quiere acordar con ERC los Presupuestos, tendrán que hablar de cambiar el modelo económico y social (http://bit.ly/10G7ubR).

Así las cosas, dede Convergència no han tardado en apelar de nuevo al sentimiento nacionalista para permitir un gobierno que posibilite iniciar el proceso en busca de la independencia (http://bit.ly/V7W3t9) bajo la amenaza de que el derecho a decidir se puede quedar “en el congelador”.

Una vez más, los seguidores de Mas intentan usar el sentimiento nacionalista de los catalanes en su propio beneficio, para asegurar el gobierno de Cataluña según sus criterios. Parece que el varapalo político de las elecciones no les ha dolido lo suficiente.

Gallardón ahonda la brecha entre ricos y pobres con las nuevas tasas judiciales

Nuevas tasas judiciales. Vía El País.

Por si fuera poca la que está cayendo, al antes considerado como adalid de la democracia, Alberto Ruiz-Gallardón, no se le ha ocurrido otra cosa que subir las tasas judiciales para, asegura, paliar la saturación de los juzgados. Es decir, en vez de dotar a la Administración de Justicia de más personal y medios para agilizar los trámites, hago que los ciudadanos paguen por el servicio público que ya sufragan con sus impuestos y así, supone la privilegiada mente de Gallardón, se lo pensarán dos veces antes de plantear una demanda o reclamación por vía judicial.

Vamos, que imponiendo tasas convierto en elitista un servicio público hasta ahora gratuito para las personas físicas en los ámbitos civil, contencioso y en la jurisdicción social. Y lo más sangrante, dada la situación de desempleo y constantes ERE en las empresas, es que es la primera vez que se imponen precios en la jurisdicción social, con lo que un trabajador que denuncia por considerar que su despido ha sido injusto tendrá que abonar una tasa judicial de unos 500 euros.

La ley sale publicada hoy miércoles 21 de noviembre en el BOE (http://bit.ly/SRdKXF), pero de momento se impone una moratoria ya que, cosas de la burocracia, mañana no se podrá hacer efectivo el pago de las tasas puesto que el Ministerio aún no ha publicado el impreso oficial con el que se debe realizar el ingreso previo a la presentación de los trámites judiciales, según señala el Consejo General de la Abogacía.

Con esta medida, que poco ha trascendido en la opinión pública, se da un paso más en el proceso de inmersión de la sociedad española en la teoría de los mercados, aunque para que fuera completa y del agrado absoluto de los neoliberales faltaría la privatización total de la sanidad y la educación públicas.

No sé si la imposición de tasas judiciales ayudará a que la Justicia en España sea más rápida y eficaz, pero de lo que sí estoy seguro es de que hacer pagar por recibir justicia -los turnos de oficio se libran-, supone abrir más la brecha social entre ricos y pobres.

A partir de ahora, en España la Justicia pasa a ser un artículo de lujo y no un derecho consustancial al ciudadano. El dinero se hace amo y señor de las togas.

 

Los periodistas pedimos el apoyo institucional

Periodistas sevillanos en la manifestación del pasado 14N.

La Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) ha pedido a todas las instituciones públicas electas que asuman y den su respaldo al manifiesto en defensa del periodismo que ha elaborado la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE). El objetivo es que el Parlamento de Andalucía, la Diputación Provincial de Sevilla y todos los ayuntamientos de la provincia aprueben en un pleno ordinario o extraordinario una declaración de apoyo institucional al periodismo, o que suscriban en su integridad el citado manifiesto. La propuesta es que lo hagan en la fecha más cercana posible al 6 de diciembre, aniversario del referéndum de la Constitución de 1978.
Directivos de la APS se han reunido con el presidente del Parlamento de Andalucía y con los portavoces de los distintos grupos parlamentarios y todos ellos han asumido el compromiso de que la Cámara andaluza, en un pleno inmediato, hará una declaración institucional en defensa del periodismo como valor y derecho fundamental en un estado democrático. La APS también ha planteado idéntico compromiso a la Diputación Provincial y a todos los ayuntamientos de la provincia de Sevilla y ya ha recibido respuesta positiva de varios de ellos.

Este es el manifiesto en defensa del periodismo elaborado por la FAPE:

Si aseguramos que el  periodismo atraviesa en España la peor crisis de su historia, nadie podrá decir que exageramos. Se nos podrá acusar de ser reiterativos porque desde la FAPEvenimos denunciando este desastre, una y otra vez, en los últimos años.

En esta denuncia constante, hemos sostenido y sostenemos, como eje de nuestra posición, que nuestro país pagará un alto precio si asiste al deterioro del sector periodístico sin tomar medidas que palien la situación. Dejar morir el periodismo es como dejar morir la democracia, porque los medios contribuyen a su sostenimiento promoviendo el debate cívico, el intercambio de ideas y actuando como contrapoder a fin de evitar los abusos.

En términos de empleo, el drama está cuantificado a través del Observatorio de la Crisis de la FAPE que, desde noviembre de 2008, viene registrando su impacto. Con los últimos ERE en editoras locales y en varios grupos nacionales líderes, como los de EFE y los anunciados en El País y Unidad Editorial,  hemos superado los 8.000 empleos perdidos en el periodo de contabilización, lo que unido a los anteriores eleva a 10.000 el total de periodistas en paro.

Se podrá afirmar que hemos predicado en el desierto a la vista de lo que sigue ocurriendo en nuestro sector, que no es el único, por supuesto, que sufre la grave crisis que atenaza a nuestro país.

Pero nuestro sector, y pedimos disculpas por el atrevimiento, es un sector especial porque la demolición de sus cimientos afecta directamente a la  libertad de información y de expresión, que  constituye la base de todas las demás libertades y es el fundamento de la dignidad humana.

Sabemos lo que es un país sin medios independientes, sometidos a la censura diaria de sus informaciones,  con periodistas encarcelados por  ejercer la crítica del poder, despedidos por resistirse a las presiones e incluso asesinados por tratar de ser independientes. Lo estamos viviendo en varios países, algunos de ellos muy cercanos a nosotros por lazos históricos y culturales.

Sabemos lo que significa contratar a periodistas sin remuneración o con un salario indigno. Sabemos lo que supone para la vitalidad de un país que su prensa vaya muriéndose poco a poco. Sabemos que todos estos factores negativos empobrecen la democracia y abren el paso a impulsos autoritarios, de los que los ciudadanos son las principales víctimas.

La precariedad laboral y salarial se extiende como una marea, colocando a los periodistas en una situación de indefensión ante las presiones, vengan de donde vengan. El papel de contrapoder de la prensa queda reducido a la mínima expresión.

En el enfoque de los editores, los periodistas dejan de ser unos profesionales a respetar para convertirse en números que pueden ser tachados en cualquier momento.

La expulsión de periodistas veteranos, con fuentes y con criterio,  priva a los medios del necesario talento para ofrecer a los ciudadanos un periodismo de calidad.  De nuevo, la sociedad es la gran perjudicada.

El panorama propicia que surjan agoreros que pronostican el fin del periodismo, que  es casi como sostener que la democracia tiene los días contados. Porque ustedes, los representantes de los ciudadanos, saben bien que sin prensa libre y crítica con el poder, la salud de la democracia se resiente.
Pero en la FAPE no tenemos ninguna duda de que el periodismo sobrevivirá como elemento vital para el desarrollo de nuestra democracia y de nuestra sociedad en un clima de tolerancia y de convivencia pacífica.

Tampoco tenemos ninguna duda de que los periodistas seguiremos siendo necesarios para jerarquizar las noticias, confirmar su veracidad, contrastarlas y difundirlas bajo un paraguas ético y deontológico, como garantes que somos del derecho fundamental de los ciudadanos a recibir información libre y veraz.

Ante este panorama, los periodistas no nos estamos quedando quietos. Estamos plantando cara a la crisis promoviendo innovadores proyectos editoriales, pero en la FAPE creemos que esta respuesta solo profesional no es suficiente.

Las instituciones y los ciudadanos tienen que saber que su futuro democrático y solidario necesita unos medios de comunicación potentes e independientes, con periodistas que, con su credibilidad, aporten elementos que ayuden a la gente a formarse su propia opinión.

No hemos encontrado otra forma mejor de expresarlo que el eslogan de nuestra campaña en defensa de nuestro oficio: “Sin periodistas no hay periodismo. Sin periodismo, no hay democracia”.

Por lo tanto,  la FAPE hace un llamamiento a los representantes de los ciudadanos en todas las instituciones para que respalden este manifiesto en defensa del periodismo.

En este llamamiento destacamos:

  • Que la libertad de información se debilita cuando el periodismo se convierte en una fuente de manipulación, de sensacionalismos, de odios y de defensa de intereses ajenos al bien común.
  • Que esa misma libertad queda dañada cuando  se convocan ruedas de prensa sin derecho a preguntas y cuando los representantes públicos se niegan a comparecer para dar cuenta de sus actividades en el ejercicio del poder.
  • Que es necesario el ejercicio responsable del periodismo por parte de periodistas y editores, basado en el cumplimiento de normas éticas y deontológicas  y en valores como la integridad y el rigor.
  • Que la supeditación de la ética a la dictadura de la audiencia conduce a la inmoralidad y a la ilegalidad, como nos ha demostrado en el Reino Unido el caso del News of the World.
  • Que el derecho de información y la libertad de expresión pierden fuerza y eficacia cada vez que desaparece un medio.
  • Que unos periodistas mal pagados, y más si no perciben salario alguno, difícilmente podrán resistir las presiones de los poderes, sean del tipo que sean,  para difundir informaciones sesgadas, interesadas y en algunos casos falsas.
  • Que el elevado paro en el sector está propiciando que los editores abonen cantidades humillantes a colaboradores y free lance.
  • Que los Gobiernos y las instituciones no pueden mirar hacia otro lado cuando empresarios sin escrúpulos quieren convertir un espacio de libertad, como es un medio de comunicación, en un taller de esclavos ofreciendo empleos sin remuneración.
  • Que el futuro del periodismo está en la calidad del contenido que elaboren los periodistas sea en el soporte que sea. Si los medios renuncian, como están haciendo, a las buenas historias, a los buenos reportajes de investigación, a las buenas crónicas de los corresponsales,  poco podrán hacer para convencer al usuario de que es necesario pagar por los contenidos.
  • Que las administraciones tienen que incentivar los proyectos de los periodistas emprendedores que buscan alternativas a la crisis con ideas valientes y novedosas.
  • Que la defensa de la libertad de prensa, del derecho de información y del ejercicio de un periodismo digno y dignamente remunerado,  atañe también a las instituciones y a los ciudadanos.

Consecuentemente, solicitamos a las instituciones que adopten este manifiesto en defensa del periodismo y que lo tramiten y aprueben como resoluciones en plenos, comisiones y otros órganos que juzguen oportunos.